Chile, es un país fuertemente centralizado. No lo fue así es sus orígenes, los cual a generado una fuerte contradicción que ha llevado a nuestros país a estar en un eterno estanco que no nos permite avanzar hacia un verdadero desarrollo. No es raro escucha que mientras Santiago crece las regiones mueren, y para que decirlo casos como nuestra región son evidentes. Chile necesita una nueva institucionalidad que potencie una descentralización que permita a nuestro país alcanzar nuevos horizontes.
Todos los diagnósticos realizados y estudios al respecto indican que para poder avanzar hacia un país descentralizado se requiere de gobiernos regionales y comunales más autónomos y dotados de recursos suficientes. Desgraciadamente, por la inexistencia de un liderazgo político que lleve adelante el proceso descentralizador, la regionalización del país no ha avanzado como corresponde, todo ello por falta de voluntad política y desinterés en el tema por parte de los gobiernos de la Concertación. Para potenciar el proceso descentralizador se hace indispensable una visión sistémica de la reforma del Estado, tanto de su institucionalidad como de su gestión, que supere la actual perspectiva sectorial y por servicios. Las atribuciones con que hoy cuentan los gobiernos regionales y comunales son insuficientes para lograr un correcto y eficiente desempeño.
En materia de inversión pública, los gobiernos regionales y comunales actualmente sólo deciden una parte minoritaria de ésta. No se han privilegiado aquellos instrumentos de inversión que tienen asociados mayores niveles de autonomía regional y comunal en la asignación de los recursos. Hasta ahora, el proceso de descentralización fiscal se ha focalizado en la descentralización sectorial, y no en dotar a las regiones y comunas de mayores recursos de libre disposición. La inversión también debe tener una mirada territorial. Los recursos no deben ser decididos por el nivel central sin que exista una visión regional y comunal al respecto.
En cuanto a la administración de las áreas metropolitanas, si bien nuestro ordenamiento jurídico las contempla, éstas nunca han operado en la práctica. Esto se debe a diversos motivos, entre los que destacan la ausencia de un enfoque único del conjunto de sectores involucrados para abordar los conflictos de escala metropolitana, la superposición y contraposición de atribuciones en torno a un mismo problema, la falta de competencia sectorial por obtener el liderazgo en determinadas materias, la falta de capacidad de los municipios para establecer instancias de negociación entre ellos y los sectores, y la escasa voluntad por situar el problema metropolitano dentro de la agenda de prioridades políticas.
El Objetivo de la coalición por el cambio es eliminar las barreras que impiden una verdadera descentralización, dando un salto significativo en favor de las regiones y comunas. Para lograrlo, se han definido seis ejes de trabajo que nos permitirán alcanzar este objetivo.
El primer eje es la descentralización fiscal. Esto se traduce en mayores recursos para las regiones y comunas exentos de un manejo discrecional desde el Gobierno Central. Un porcentaje mayoritario de la inversión pública será de decisión regional. Las políticas para alcanzar esto serán terminar con la discrecionalidad del Gobierno Central en la distribución de recursos de inversión a regiones.
El segundo eje tiene como objetivo el reordenamiento y traspaso de competencias, funciones y atribuciones, además de la creación de áreas metropolitanas. Para este efecto se realizará un catastro de competencias, distinguiendo dos categorías: las exclusivas y las compartidas. El traspaso será gradual y efectivo, evitando la duplicidad de recursos y de funciones entre los distintos niveles del Estado. Este traspaso de competencias deberá ir acompañado de recursos y capital humano capacitado.
El tercer eje se relaciona con el fortalecimiento de la capacidad de gestión de los gobiernos regionales y comunales. Para ello se le otorgará reconocimiento legal al cargo de Administrador Regional que, al igual que el administrador municipal, colaborará con el intendente en la conducción ejecutiva del Gobierno Regional. Además, se generarán incentivos para atraer, retener y desarrollar el capital humano calificado en las regiones, sean profesionales o técnicos.
El cuarto eje consiste en fortalecer la probidad, transparencia y la rendición de cuentas. Para vigorizar la actual normativa en materia de probidad, dispondremos expresamente la aplicación de las normas sobre probidad administrativa a los intendentes y gobernadores, creando la figura de «notable abandono de deberes», lo que será sancionado con la remoción del cargo respectivo.
El quinto eje promoverá la Descentralización Política. En tal sentido se presentará una reforma legal en orden a implementar la elección directa de los Consejeros Regionales, tal como se aprobó recientemente por nuestro Congreso Nacional. Lo anterior en concordancia con un sistema electoral que dé garantías de democracia y gobernabilidad para un adecuado funcionamiento del rol que el Consejo tiene en cada región.
Finalmente, el sexto eje busca aliviar la burocracia en las regiones, para lo cual se modificará el rol del gobernador en las provincias. Para ello sus funciones específicas, que muchas veces duplican las del intendente, serán asumidas por éste en aquellos casos en que la provincia sea asiento de la capital regional. De esta formase despejará el traslape de funciones, liberando recursos e infraestructura pública que puede ser utilizada de manera más eficiente en la región. Una estructura pública más flexible permitirá también hacer un mejor uso de los equipos humanos y administrativos a la luz de las prioridades de desarrollo de la región.
Profesionales por el Cambio, Renovación Nacional
